Las exigencias de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que lo tienen sometido a un permanente chantaje -especialmente Junts y ERC- amenazan con romper el equilibrio territorial. Con la denominada normalización de Cataluña quieren que pase por una amnistía generalizada a todos aquellos que participaron de un modo u otro en el 1-O de 2017, a lo que hay que sumar la condonación de la deuda de la Generalidad de Cataluña y el denominado “cupo catalán”, que implica entregar la estructura y gestión plena de la Hacienda catalana en perjuicio del resto de las Comunidades Autónomas.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno, celebrado ayer martes, de su autorización para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio, de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (conocida como «Ley de Amnistía»), que ya había sido aprobada previamente en Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio. La portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, ha detallado en rueda de prensa los motivos principales para la impugnación de la Ley de Amnistía porque «vulnera el principio de separación de poderes, auténtico pilar de nuestro Estado de Derecho, y atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley», lo cual infringe el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Desiguales ante la Ley
Bazaga ha manifestado ante los medios de comunicación que «la Ley de Amnistía está confiriendo un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles, a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado las conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma». Con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan. «El Gobierno de María Guardiola no va a permitir que se establezcan diferencias que socaven la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país», ha manifestado Bazaga. La Junta de Extremadura también ha presentado ante el Tribunal Constitucional recusación frente al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón y los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, instando se acuerde su definitivo apartamiento de este proceso constitucional, porque «consideramos que los tres están inhabilitados para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución, por su falta de imparcialidad debido a su actividad política», ha explicado la portavoz.
