El Consejo de Gobierno autoriza la nueva licitación del transporte sanitario, con un incremento del 52,6 % en el presupuesto

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes al Servicio Extremeño de Salud facultad para contratar el servicio de transporte sanitario terrestre para el período 2025-2028, por un importe de licitación de 217.606.430,76 euros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha anunciado que el nuevo pliego de condiciones para la convocatoria del concurso público de transporte sanitario terrestre contempla «un incremento del 52,6 por ciento en la dotación económica en comparación con el procedimiento anterior», por lo que el presupuesto anual de licitación «pasaría de 47 millones de euros a 72.535.476,92 euros». Esto supone «financiar un incremento de más de 24 millones de euros anuales», lo que refleja, ha afirmado, «nuestro firme compromiso con la mejora de la atención sanitaria y las condiciones laborales de los trabajadores».

De este incremento, 19.5 millones de euros se destinarán a financiar la mejora de las condiciones salariales, con un aumento del 17,86 por ciento en la dotación destinada a los salarios de los trabajadores. En su opinión, la financiación asignada por el Gobierno de Extremadura al apartado de personal «será un 72,1 por ciento superior a la del contrato anterior», incluyéndose en este capítulo tanto actualizaciones retributivas, como incremento en el número de servicios y, por tanto, de trabajadores, así como los importes destinados a la adecuación de la jornada anual. En los cálculos de la memoria económica se ha tenido en cuenta la financiación de un límite máximo de 1.800 horas anuales para la totalidad de los trabajadores, con la única excepción de los que desarrollan su trabajo en las Unidades Móviles de Transporte Secundario (UMTS), «que continuarán en las mismas condiciones de localización, similares a las del personal del SES -médicos y enfermeros- adscrito a estas unidades». Todo ello, ha afirmado García Espada, «configura un cambio crucial que asegura mejores condiciones laborales y una mayor eficiencia en el servicio» y pone de manifiesto «que este gobierno ha escuchado, ha dialogado y, sobre todo, está actuando con responsabilidad».

AMBULANCIAS

 La consejera ha anunciado que «hemos decidido mejorar las 120 ambulancias no asistenciales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) sustituyéndolas por ambulancias asistenciales de tipo C que tendrán un equipamiento más completo». Este cambio permitirá a los profesionales ofrecer asistencia sanitaria en ruta, mejorando así la eficiencia y la calidad de la atención al paciente sin necesidad de movilizar más recursos. Ha añadido que el nuevo pliego exige ambulancias asistenciales y no solo vehículos de transporte y que además se eliminarán los tiempos de activación contemplados actualmente en los PAC, garantizando así la disponibilidad y respuesta inmediata del equipo de profesionales sanitarios ante situaciones críticas. Para mejorar el servicio y los tiempos de respuesta, el nuevo contrato contempla un incremento en la flota de ambulancias, pasando de 423 a 466 unidades y este aumento «incluye 43 nuevas ambulancias, clasificadas entre no asistenciales (A1 y A2) y asistenciales (B y C), equipadas para ofrecer soporte vital básico y avanzado». Además, las ambulancias tipo C se verán mejoradas cumpliendo con las normativas vigentes a nivel comunitario, estatal y europeo. Los nuevos vehículos, diseñados con un mayor espacio interior, facilitarán las labores asistenciales y la organización del equipamiento médico. «Entendemos que en el pasado han existido tensiones y conflictos que han afectado tanto a los trabajadores como a los usuarios», ha explicado. Sin embargo, ha señalado García Espada, «estamos comprometidos a resolver esta problemática con este nuevo pliego». La consejera ha afirmado que este proceso es el resultado de un diálogo abierto y honesto, «y refleja el compromiso de este gobierno con la paz social y el bienestar común» y ha añadido que «estamos sentando las bases para un sistema de salud en Extremadura que no solo responda a las necesidades actuales, sino que esté preparado para enfrentar los desafíos del futuro». Asimismo, ha confirmado que «continuaremos trabajando para mejorar y modernizar nuestros servicios, siempre poniendo en el centro a las personas, tanto a los usuarios como a los trabajadores».

AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

Por otro lado, la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha informado de otros asuntos destacados en la agenda de la reunión del Consejo de Gobierno. En concreto, el Ejecutivo ha aprobado un conjunto de ayudas encaminadas a fomentar la vivienda protegida, dotado con casi 5 millones de euros. En primer lugar, el programa de vivienda protegida autopromovida se dirige a personas que quieran construirse su propia casa, ha detallado Bazaga. Si se encuentran en municipios de hasta 10.000 habitantes y tienen menos de 35 años, las ayudas pueden alcanzar los 20.000 euros. La cuantía supone un aumento de 5.000 euros con respecto a anteriores convocatorias. En segundo lugar, se ha aprobado una partida de ayudas de hasta 10.000 euros para financiar una parte de la compra de viviendas protegidas de nueva construcción, en concepto de entrada. Se dirige a familias con escasos recursos económicos. El tercer programa -ha agregado la portavoz- recoge ayudas para los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción. La cuantía será de hasta 4.000 euros por cada nueva vivienda y se espera llegar a un total de 425 iniciativas. El objetivo es impulsar el mercado de venta y alquiler de este tipo de vivienda. Además, se ha autorizado la convocatoria de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Extremadura. El objetivo es reconocer proyectos de alta calidad desarrollados en la región, para lo que se destinarán 28.000 euros en esta convocatoria, que se hará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, según ha informado Bazaga.

AYUDAS A EMPRESAS

En el ámbito de la Economía, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 7,5 millones de euros para la contratación de 600 desempleados que hayan superado las dos primeras fases del programa de formación y empleo Escala, dirigido a personas con dificultades de acceso al mercado laboral, ha explicado la consejera portavoz. Las empresas interesadas podrán cubrir, con estas ayudas, los costes labores y de seguridad social asociados a cada contrato, a tiempo completo, durante un mínimo de 6 meses. También podrán optar a ellas, como novedad, las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen una actividad económica. En el ámbito del comercio minorista, la Junta de Extremadura ha aprobado una nueva línea de ayudas para fomentar la digitalización y la modernización de negocios con establecimientos comerciales, dotado con 3 millones de euros. Los beneficiarios -ha precisado la portavoz del Ejecutivo- podrán cubrir el 60 por ciento de las inversiones que hagan en adecuación de locales, mejora de la accesibilidad, compra de equipamiento y decoración, contratación de servicios de asesoramiento en ventas, eficiencia energética o soluciones digitales. «En los comercios que se encuentren en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, las ayudas ascenderán hasta el 75 por ciento de la inversión», ha dicho Bazaga. De esta forma, en palabras de la portavoz, «se pretende apoyar la apertura y permanencia de negocios en el ámbito rural y garantizar así que haya servicios en los pueblos». Por parte de las pymes, la inversión mínima será de 1.500 euros y la ayuda máxima alcanzará los 30.000 euros. En total, se espera financiar hasta 300 proyectos de modernización.

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